Por Myriam Pérez Yunes, Senior Manager de Ernst & Young - Líder de Contract Risk Services - Interventoría
Para frenar la corrupción en la contratación pública es necesario involucrar a terceros en los procesos de licitación.

La contratación estatal permanece en el ojo del huracán por los múltiples escándalos que tristemente se vuelven rutinarios en los noticieros y periódicos, y que dejan en evidencia múltiples debilidades en los procesos de contratación pública pese a los esfuerzos del Estado colombiano para cumplir con los principios de igualdad, publicidad, transparencia y selección objetiva de contratos.

Algunas de esas debilidades que hoy nos pasan factura son:

·         Uso de los mecanismos de contratación de carácter excepcional, como son las declaratorias de urgencia manifiesta o la contratación directa, desvirtuando así la participación abierta.

·         Actos de adjudicación que no cuentan con todos los elementos de control requeridos.

·         Gestión inadecuada de los contratos, por ejemplo la vinculación de recursos humanos que no cuentan con experiencia en manejo de proyectos, establecimientos de objetivos poco claros, contradictorios o cambios en los objetivos durante la ejecución del contrato, falta de preparación de la organización para recibir el cambio, ejecución de pagos sin el debido sustento.

·         Omisión o uso arbitrario de poderes discrecionales del contrato, como en el caso de multas, incumplimientos, o pólizas.

·         Liquidación inadecuada o inoportuna de contratos.

Sobre estos temas es mejor buscar y proponer soluciones que resulten realmente eficaces más allá de la moda de anunciar grandes titulares para los medios de comunicación.

Uno de los métodos más efectivos para cerrar el ciclo de debilidades es vincular a terceros dentro del proceso de contratación a través de la ejecución de un servicio de interventoría que cuenta con varias clases, algunas de ellas más apropiadas para evitar que se materialicen riesgos en la celebración de contratos y en la ejecución de éstos, cuidando el patrimonio de la nación.

La misión del interventor es efectuar validaciones técnicas y administrativas que permitan comprobar que los bienes y/o servicios entregados por el contratista cumplan con las especificaciones definidas en el contrato; vigilar de manera permanente que se ejecuten a cabalidad las actividades técnicas, financieras y administrativas; hacer actas de inicio de ejecución, de recibo y de liquidación final del contrato; elaborar los informes de avance requeridos por el cliente y finalmente, realizar las autorizaciones de pago al contratista.

No obstante, las empresas del sector público suelen contratar estos procesos de interventoría, cuando ya se han celebrado los contratos, por lo que es imposible detectar posibles anomalías u oportunidades de mejora en la celebración de los mismos.

Por eso es que desde nuestro punto de vista es necesario vincular la labor de vigilancia y control desde la misma planeación del proceso de contratación, con lo cual seguramente se minimizará la probabilidad de incurrir en posibles desviaciones a nivel contractual. Como resultado, la ejecución del contrato y la previsibilidad de posibles riesgos serían mejores, conllevando a la consecución de los beneficios esperados y a poder identificar problemas potenciales antes de la aparición de los síntomas, lo cual proporciona tiempo para tratar los problemas antes de que pueda verse afectado el contrato.

Ahora bien, los procesos de interventoría pueden ejecutarse desde diferentes enfoques:

·         Interventoría integral - administrativa, financiera, técnica y legal: incluye actividades de planeación, selección, legalización del contrato, monitoreo y desempeño de la ejecución de contrato, gestión documental del contrato, velar por la Confiabilidad de información (última versión de entregables, soportes de pagos, prórrogas, entre otros) y efectuar el cierre del contrato.

·         Interventoría administrativa, financiera, técnica y legal de un contrato ya celebrado: este es el tipo de Interventoría que más es utilizado en este momento, inicia una vez se ha celebrado el contrato y se basa en efectuar actividades de verificación y validación de la adecuada ejecución del contrato hasta su cierre.

·         Ejecución simultánea de una Interventoría administrativa, financiera y legal realizada de forma independiente a una Interventoría técnica: esta es una nueva modalidad que se está empezando a implementar en Colombia y es contar con interventorías especializadas que apoyen una adecuada ejecución contractual, en la cual e realiza una Interventoría técnica con una empresa especializada en el tipo de contrato que se está celebrando (infraestructura, seguridad industrial, implementación de sistemas) y se realiza la interventoría administrativa, financiera y legal al contrato celebrado con una empresa diferente, especializada en temas de control, gestión de proyectos y administración de riesgos contractuales.

El ejecutar este tipo de interventorías le permite a la Entidad tener un doble control en la ejecución de su contrato, sin incurrir en costos adicionales debido a que cada interventor es especialista en su tema, lo cual es más efectivo, y el costo de la interventoría se puede dividir entre cada una de las empresas que proveen dichos servicios.

Con base en estos elementos mencionados, es necesario que cada entidad valide cuál de estos tipos de interventoría es la que aplica de acuerdo con sus necesidades. Nuestra experiencia nos permite recomendar que la mejor forma de implementar controles preventivos en la celebración de contratos, es vincular a la Interventoría desde la planeación del mismo; así mismo, en el proceso de la ejecución, es de gran beneficio vincular esquemas de interventoría paralelos especializados (técnico y administrativo), en donde cada interventor es más efectivo en la ejecución de su trabajo ya que son especialistas en cada tipo de Interventoría, y tienen un mayor foco en la verificación de la adecuada ejecución contractual.

Foto Ernst & Young